POR SI INTERESA A ALGUIÉN

INDICADORES DE : EN VALDEMORILLO LAS COSAS NO SE HACEN BIEN (¿ES ALGUNA CONSTITUTIVA DE DELITO?)

1º La baja retribuida a la Interventora titular y su sustitución desde hace siete años por un interventor accidental, sin calificación, ni preparación adecuada, para la tarea.

2º Aplicación de un acuerdo regulador al personal funcionario,  rechazado por la Interventora en su día, relativo a la valoración  de varios puestos de trabajo de funcionarios. Se viene aplicando desde 2005 ¿ILEGALMENTE?.

3º Pagos excesivos a EDISAN empresa constructora de la plaza de toros en 2002. En el periodo 2006-2009 se pagaron 186.313,76 € anuales SIN IVA. En 2010-2011 fueron 149.050,99 € /año SIN IVA. En 2012 se pagó 113.088,42 € SIN IVA. El Ayuntamineto debía pagar por contrato 78.131,57 € anuales, IVA INCLUIDO.

4º En los ejercicios 2013 y 2014 el pago de la subvención de 100.000 € a EDISAN (en concurso de acreedores), se desvía a EQULTAURO, SL, empresa creada con prisas y oscuridad en 2013, quince días antes de que pagara el Ayuntamiento. No existe ningún tipo de autorización en sesión plenaria, para poder subrogarse. También se pagó la organización de las ferias taurinas de 2013, sin acuerdo plenario.

5º La famosa pista de pádel, que costó 49.700 € (doble de su precio), con López Viejo y la alcaldesa  en la foto, felices . Construida además por una empresa de la red Gürtel. ¿Casualidad? ¿Causalidad?

6º La permanente falsificación de las cuentas oficiales del Ayuntamiento, en algunos con saldos ficticios, en otros con partidas sin contabilizar. CONTABILIDAD CREATIVA.

7º El 19/10/2007 la Sala tercera de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia nº 852, anula el acuerdo tomado en Pleno por el que se pagaron 60.156.627 PESETAS de más a la empresa implicada en la red Gürtel TECONSA, por la construcción del polideportivo Eras Cerradas.

8º En 2005 el Ayuntamiento firma un acuerdo de convenio para unos planes urbanísticos de planeamiento con unos vecinos propietarios de parcelas, en base a la Ley del Suelo de la CAM, que implicaba una serie de restricciones legales. Se monetizaron unos derechos urbanísticos futuros, alrededor de 7 millones de euros. A día de hoy ni el Ayuntamiento ha cumplido con sus obligaciones, ni el dinero aparece reflejado en las cuentas oficiales.